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El vertido de petróleo en el noreste cumple 4 años

El vertido de petróleo en el noreste cumple 4 años

El episodio ocurrido en 2019 cumple un año más sin que se rindan las debidas cuentas

El 30 de agosto de 2019, el país fue testigo de lo que sería un hito en el desastroso desempeño ambiental del gobierno pasado. En esa fecha, varias manchas de petróleo llegaron a la costa de Paraíba. El compuesto afectó a la fauna y flora locales, contaminando varias especies. La economía y la salud de la población también sufrieron las consecuencias.

El petróleo, que afectó a 130 municipios repartidos por 11 estados costeros, contaminó más de mil localidades. Entre ellos había más de 50 unidades de conservación medioambiental. En aquella época, el actual diputado federal Ricardo Salles (PL) estaba al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Fue él quien quiso “pasar la pelota” en cuestiones ambientales mientras los medios estaban preocupados con Covid-19 y el pasado lunes 28, el ex ministro de Bolsonaro se convirtió en acusado, a través de una denuncia del Ministerio Público Federal, por formar parte de una organización criminal con un “grave esquema para facilitar el contrabando de productos forestales”. Además de Salles, también son acusados el ex presidente del IBAMA, Eduardo Bim, y otras 21 personas.

Para investigar a los responsables de la marea negra, en 2019 se creó la CPI del Petróleo. La comisión se interrumpió debido a la pandemia del Coronavirus y sólo se reanudó en 2021, cuando se cerró sin un informe final que definiera a los culpables. Este año, algunos diputados presentaron un pedido para prorrogar la CPI, pero la base gobernante en el momento del derrame se organizó para que no siguiera adelante.

En diciembre de 2021, la Policía Federal identificó al petrolero griego Bouboulina, perteneciente a la compañía Delta Tanker, como el culpable del vertido. Los propietarios de la empresa, el capitán del buque y el jefe de máquinas fueron acusados de los delitos de contaminación, incumplimiento de las obligaciones medioambientales y daños a las unidades de conservación.

La inacción del gobierno para contener el agravamiento del problema fue evidente. Hubo un gran retraso en la activación del Plan Nacional de Contingencia ante Incidentes Petroleros (PNC). Tras los primeros informes de la aparición de petróleo en las playas de Paraíba, la cronología fue la siguiente:

 

  • 25 de septiembre de 2019: IBAMA emite la primera nota oficial sobre las manchas. Para entonces, ya había 108 localidades afectadas.
  • 05 de octubre de 2019: Ricardo Salles, a través de las redes sociales, hace su primera mención al caso.
  • 11 de octubre de 2019: El coordinador operativo es llamado por Salles para monitorear la situación, este es el primer acto de la PNC. Hubo 155 sitios afectados.
  • 14 de octubre de 2019: Primera mención del Grupo de Seguimiento y Evaluación (GAA en la sigla en portugués). Formado por el IBAMA, la Marina y la ANP.

 

La negligencia y el retraso en la reacción fue tan grande que la población, junto con organizaciones de la sociedad civil, tuvo que movilizarse para limpiar los residuos tóxicos en las playas y protestar. Muchas familias y empresas cuyo sustento depende de la costa – como pescadores y mariscadores – trabajaron para hacerlo, ya que su sustento estaba amenazado. El turismo se vio muy afectado por la contaminación. La gente no disponía de los equipos de protección individual (EPI) mínimos para realizar su trabajo. Según el IBAMA, la salud de 144.000 pescadores artesanales del Nordeste estaba en peligro. Fuera de estas cifras, los estados de Espírito Santo y Río de Janeiro también se vieron afectados.

El contacto directo con el crudo puede causar problemas cutáneos, respiratorios, dolores de cabeza y vómitos. El Consejo Federal de Química afirmó en un comunicado oficial que:

“los hidrocarburos poliaromáticos (HAP) presentes en el crudo y sus derivados pertenecen a un grupo de compuestos orgánicos semivolátiles que se encuentran entre los compuestos más tóxicos del petróleo en ese estado y pueden causar graves problemas de salud, como cáncer”.

Cuatro años después, la situación sigue sin tener respuestas definitivas. La tragedia dejó importantes secuelas en la población costera y en la fauna y flora de Brasil. Además, la Policía Federal estimó en 525,3 millones de reales los daños causados por el vertido de petróleo.

El Instituto Internacional ARAYARA y otras organizaciones de la sociedad civil se unieron para ayudar a las comunidades afectadas. Aún hoy se están llevando a cabo estudios que se publican en diversas revistas científicas para evaluar las consecuencias del vertido. Mientras no se exijan responsabilidades a las petroleras y no se analice seriamente cómo reducir el uso de petróleo y gas en el mundo, seguirán produciéndose situaciones como la vivida en 2019.

Un año después de la tragedia de la costa nordeste, ARAYARA se unió a más de 120 organizaciones para pedir la cancelación de la subasta de áreas de exploración de petróleo y gas en Brasil. Las subastas organizadas por la ANP siguen ofreciendo áreas sensibles hasta el día de hoy. Están ampliando sus ofertas haciendo caso omiso de las audiencias públicas, los argumentos científicos y las protestas de personas cuyas vidas se están poniendo en peligro. ARAYARA ya ha conseguido retirar cientos de bloques de estas subastas a través de Acciones Civiles Públicas (ACP’s), ¡pero la lucha continúa!

Actualmente hay presiones para iniciar la exploración de petróleo en la desembocadura del río Amazonas, incluyendo un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Unión (AGU). El IBAMA y el Ministerio de Medio Ambiente ya han declarado que sin una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria – AAAS – no se concederá la licencia de explotación. El Instituto Internacional ARAYARA sigue luchando para impedir que se exploren los bloques petrolíferos frente a la costa amazónica, así como diversas zonas sensibles de norte a sur, como las paradisíacas Fernando de Noronha y Florianópolis. 

ARAYARA subraya que el petróleo pertenece al subsuelo. No podemos permitir que se repitan situaciones como la de 2019, porque además de la contaminación visible, el planeta sufre la crisis climática agravada por la quema de combustibles fósiles. Lo que Brasil necesita es una Transición Energética Justa para sustituir gradualmente las fuentes contaminantes y convertir al país en un modelo de desarrollo sostenible. Vea el vídeo publicado por ARAYARA para recordar el caso.

El vertido de petróleo en el noreste cumple 4 años

Oil spill in the northeast completes 4 years

Episode that took place in 2019 reaches another year without proper responsibility

On August 30, 2019, the country witnessed what would be a milestone in the disastrous environmental performance of the past government. On that date, several oil slicks reached the coast of Paraíba. The compound affected the local fauna and flora, contaminating several species. The economy and the health of the population also suffered as a result.

The oil, which affected 130 municipalities spread across 11 coastal states, contaminated more than a thousand locations. Among them were more than 50 environmental conservation units. At the time, current federal deputy Ricardo Salles (PL) was in charge of the Ministry of the Environment. He was the one who wanted to “pass the buck” on environmental issues while the media was preoccupied with Covid-19 and last Monday, 28, Bolsonaro’s former minister became a defendant, through a complaint by the Federal Public Prosecutor’s Office, accused of being part of a criminal organization with a “serious scheme to facilitate the smuggling of forest products”. In addition to Salles, the former president of IBAMA, Eduardo Bim, and 21 other people are also defendants.

To investigate who was responsible for the oil spill, the Oil Commission was set up in 2019. The commission was interrupted due to the Coronavirus pandemic and only resumed in 2021, when it was closed without a final report defining the culprits. This year, MPs submitted a request to extend the CPI, but the ruling base at the time of the spill worked together to prevent it from moving forward.

In December 2021, the Federal Police named the Greek oil tanker Bouboulina, owned by Delta Tanker, as the culprit in the spill. The owners of the company, the ship’s captain and chief engineer, were charged with pollution, failure to comply with environmental obligations and damaging conservation units.

The government’s failure to act to contain the worsening problem was evident. There was a long delay in implementing the National Oil Incident Contingency Plan (PNC). After the first reports of oil appearing on the beaches of Paraíba, the chronology was as follows:

 

  • September 25, 2019: IBAMA issues the first official note on the stains. By then, 108 locations had already been affected.
  • October 05, 2019: Ricardo Salles, via social media, makes his first mention of the case.
  • October 11, 2019: The operational coordinator is activated by Salles to monitor the situation, this is the first act of the PNC. There were 155 sites affected.
  • October 14, 2019: First mention of the Monitoring and Evaluation Group (GAA). Composed of Ibama, the Navy and the ANP.

 

The negligence and delay in reaction was so great that the population, along with civil society organizations, had to mobilize to clean up the toxic waste on the beaches and protest. Many families and businesses whose livelihoods depend on the coast – such as fishermen and shellfish gatherers – worked to do this, as their livelihoods were under threat. Tourism was hit hard by the pollution. People didn’t have the minimum Personal Protective Equipment (PPE) to help with their work. According to IBAMA, the health of 144,000 artisanal fishermen in the Northeast was at risk. Outside of these figures, the states of Espírito Santo and Rio de Janeiro were also affected.

Direct contact with crude oil can cause skin problems, breathing problems, headaches and vomiting. The Federal Chemistry Council said in an official statement that:

“The polyaromatic hydrocarbons (PAHs) present in crude oil and its derivatives belong to a group of semi-volatile organic compounds that are among the most toxic compounds in oil in this state and can cause serious health problems, such as cancer”.

Four years on, the situation still has no definitive answers. The tragedy left major consequences for the coastal population and for Brazil’s fauna and flora. In addition, the Federal Police estimated R$525.3 million in damages caused by the oil spill.

The ARAYARA International Institute and other civil society organizations came together to help the affected communities. Even today, studies are being carried out and published in various scientific journals to assess the consequences of the spill. As long as oil companies are not held accountable and there is no serious analysis of how to reduce the use of oil and gas in the world, situations like the one seen in 2019 will continue to happen.

The year after the tragedy on the northeastern coast, ARAYARA joined more than 120 organizations in calling for the cancellation of an auction of oil and gas exploration areas in Brazil. The auctions promoted by the ANP continue to offer sensitive areas to this day. They are expanding their offers in complete disregard of public hearings, scientific arguments and the protests of people whose lives are at risk. ARAYARA has already managed to withdraw hundreds of blocks from these auctions through Public Civil Actions (ACP’s), but the fight continues!

There is currently pressure to start oil exploration at the mouth of the Amazon River, including a favorable opinion from the Federal Attorney General’s Office (AGU). IBAMA and the Ministry of the Environment have already stated that without an Environmental Assessment of the Sedimentary Area – AAAS – the operating license will not be granted. The ARAYARA International Institute continues to fight to prevent the oil blocks off the Amazon coast from being exploited, as well as various sensitive areas from north to south, such as the paradisiacal Fernando de Noronha and Florianópolis. 

ARAYARA stresses that oil belongs underground. We cannot allow situations like the one in 2019 to happen again, because as well as visible pollution, the planet is suffering from the climate crisis made worse by the burning of fossil fuels. What Brazil needs is a Just Energy Transition to gradually replace polluting sources and turn the country into a model of sustainable development. Watch the video published by ARAYARA to remember the case.

El vertido de petróleo en el noreste cumple 4 años

Derramamento de petróleo no nordeste completa 4 anos

Episódio ocorrido em 2019 chega a mais um ano sem a devida responsabilização

Em 30 de agosto de 2019, o país assistia aquele que seria um marco na desastrosa atuação ambiental do governo passado. Nesta data, chegou à costa da Paraíba diversas manchas de petróleo. O composto afetou a fauna e a flora local, contaminando diversas espécies. De carona, a economia e a saúde da população também foi prejudicada.

 

O óleo, que atingiu 130 municípios espalhados por 11 estados costeiros, contaminou mais de mil localidades. Entre elas, estavam mais de 50 unidades de conservação ambiental. Na ocasião, estava no comando do Ministério do Meio Ambiente o atual deputado federal Ricardo Salles (PL). Ele é quem queria “passar a boiada” dos assuntos ambientais enquanto a mídia estava preocupada com o Covid-19 e na última segunda-feira, 28, o ex-ministro de Bolsonaro se tornou réu, através de uma denúncia do Ministério Público Federal, acusado de ser parte de uma organização criminosa com um “grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais”. Além de Salles, o ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bim, e outras 21 pessoas também são rés.

 

Para investigar os responsáveis pelo derramamento de petróleo, instaurou-se a CPI do Óleo ainda em 2019. A comissão foi interrompida devido à pandemia do Coronavírus e foi retomada apenas em 2021, quando foi encerrada sem um relatório final que definisse os culpados. Neste ano, deputados apresentaram um pedido de prorrogação da CPI, mas a base governista da época do derramamento se articulou para que ela não avançasse.

 

Em dezembro de 2021, a Polícia Federal apontou o navio petroleiro grego Bouboulina, da empresa Delta Tanker, como o culpado pelo derramamento. Os donos da empresa, o capitão e o chefe de máquinas da embarcação, foram acusados dos delitos de poluição, descumprimento de obrigação ambiental e dano a unidades de conservação.

 

O descaso da atuação do governo para conter o agravamento do problema foi evidente. Houve um grande atraso para acionar o Plano Nacional de Contingência de Incidentes com Óleo (PNC). Depois dos primeiros relatos de aparecimento de petróleo nas praias da Paraíba, a cronologia foi a seguinte:

  • 25 de setembro de 2019: IBAMA emite a primeira nota oficial sobre as manchas. Até então, 108 localidades já haviam sido afetadas.
  • 05 de outubro de 2019: Ricardo Salles, por rede social, faz sua primeira menção ao caso.
  • 11 de outubro de 2019: O coordenador operacional é acionado por Salles para acompanhar a situação, este é o primeiro ato do PNC. Acumulavam-se 155 locais atingidos.
  • 14 de outubro de 2019: Primeira menção ao Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA). Sendo composto por Ibama, Marinha e ANP.

 

A negligência e atraso na reação foi tão grande, que a população, junto com organizações da sociedade civil, tiveram que se mobilizar para limpar os resíduos tóxicos nas praias e protestar. Muitas famílias e negócios que têm sua subsistência dependente da costa – como pesqueiros e marisqueiros – trabalharam nisso, pois estavam com suas existências ameaçadas.

 

O turismo foi duramente afetado com a poluição. As pessoas não tinham os mínimos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para auxiliar no trabalho. Segundo o IBAMA, a saúde de 144 mil pescadores artesanais do Nordeste estava em risco. Fora desses dados, ainda havia os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, que também foram afetados.

 

O contato direto com petróleo bruto pode causar problemas de pele, de respiração, dores de cabeça e vômitos. O Conselho Federal de Química apontou em nota oficial que:

“Os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA) presentes no petróleo bruto e seus derivados pertencem a um grupo de composto orgânicos semivoláteis que estão entre os compostos mais tóxicos do óleo nesse estado e podem causar problemas sérios de saúde, como câncer”.

 

Nesses quatro anos, a situação ainda não tem respostas definitivas. A tragédia deixou grandes consequências para a população costeira e para a fauna e flora do Brasil. Além disso, a Polícia Federal estimou R$525,3 milhões de danos causados pelo vazamento de óleo.

 

O Instituto Internacional ARAYARA e demais organizações da sociedade civil se uniram para auxiliar as comunidades afetadas. Ainda hoje, estudos estão sendo feitos e divulgados em diversas revistas científicas para dimensionar as consequências do derramamento. Enquanto não houver a devida responsabilização de petroleiras e uma séria análise sobre a redução da utilização de petróleo e gás no mundo, situações como a vista em 2019 seguem acontecendo.

 

No ano seguinte à tragédia na costa nordestina, a ARAYARA se juntou a mais de 120 organizações demandando o cancelamento de um leilão de áreas de exploração de petróleo e gás no Brasil. Os leilões promovidos pela ANP continuam ofertando áreas sensíveis até hoje. Estão ampliando suas ofertas ignorando completamente as audiências públicas, argumentos científicos e protestos de pessoas que têm suas vidas colocadas em risco. A ARAYARA já conseguiu retirar, através de Ações Civis Públicas (ACP’s), centenas de blocos desses leilões, mas a luta continua!

 

Atualmente, há pressão para iniciar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, inclusive com um parecer favorável da Advocacia-Geral da União (AGU) às atividades. O IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente já declararam que sem a realização da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar – AAAS – a licença de operação não será concedida. O Instituto Internacional ARAYARA segue lutando para que os blocos de petróleo da costa amazônica não possam ser explorados, além de diversas áreas sensíveis de norte a sul, como as paradisíacas Fernando de Noronha e Florianópolis.

 

A ARAYARA reforça que o lugar do petróleo é debaixo da terra, não podemos permitir que situações como a de 2019 se repitam, pois além da poluição visível, o planeta sofre com a crise climática agravada pela queima de combustíveis fósseis. O que o Brasil precisa é uma Transição Energética Justa para substituir gradualmente as fontes poluidoras e tornar o país um modelo de desenvolvimento sustentável. Assista aqui o vídeo publicado pela ARAYARA para relembrar o caso.

Juventude de Palhoça lidera movimento ambiental e social rumo a um futuro mais justo!

Juventude de Palhoça lidera movimento ambiental e social rumo a um futuro mais justo!

Aconteceu no inspirador Parque Estadual Serra do Tabuleiro – Pinheira/SC de Palhoça, no dia 24/6, o III Encontro do movimento da juventude ambientalista, que emerge como a força vanguardista que se une para escrever a própria história no município

O evento foi marcado pelo apoio e parceria que possibilitou a realização desse encontro transformador, do Instituto Arayara, Instituto Çarakura, Parque Serra do Tabuleiro e Sindicatos dos Servidores Públicos de São José. A comissão organizadora conta com Leonardo Medeiros (Coordenador geral), Vilmone Wera Jekupe (Vice-Coordenador), Anastácia Rossi (Secretaria de Organização) e Maicon Jekupe (Coordenador da Juventude Indígena Tembigua Tenonde)

No epicentro das discussões, a consciência acerca das lutas que Palhoça enfrenta atualmente, desde a opressão social até a destruição ambiental, ganhou vida. Esses jovens não aceitam o status quo que negligencia a vida das pessoas e do meio ambiente em detrimento do lucro de uma elite omissa às necessidades do bem viver coletivo. Para eles, é chegada a hora de romper com as correntes impostas pelos pensamentos colonizadores e trilhar um caminho inovador, impulsionados pela ciência e pela preservação ambiental, que pode contribuir para elevar Palhoça a um patamar econômico melhor.

Para transformar essa visão em realidade, duas ações cruciais são propostas pelos jovens. Primeiramente, o estabelecimento de práticas agroecológicas, agroflorestais e a criação de reservas ambientais que surgem como estratégias fundamentais para ajudar combater a fome e transformar a realidade da população. Em segundo lugar, a solidariedade entre a juventude e a organização de ações estratégicas de defesa das comunidades trabalhadoras – indígenas, pescadores e periferias – tornam-se imprescindíveis.

Dalcio Costa, do Instituto Arayara, esteve no encontro falando sobre os impactos do carvão mineral no ambiente e na saúde dos catarinenses, motivado pelo trabalho de discutir e encontrar soluções para os desafios de enfrentamento e mitigação das mudanças climáticas no município. Durante o evento, ele destacou a importância da transição energética justa, que busca substituir as fontes de energia poluentes por opções renováveis e sustentáveis.

A juventude de Palhoça está se engajando nesse movimento, ocupando espaços de tomada de decisão e lançando iniciativas como o núcleo ARAYARA Palhoça e o Fórum da Transição Energética Justa. Essas ações visam envolver a comunidade e promover análises e propostas para impulsionar a transição energética no município.

Além disso, a juventude também está convocando os partidos progressistas de Palhoça a se unirem em uma frente unificada nas próximas eleições, com o objetivo de combater retrocessos socioambientais no município e também no estado.

A exposição de Vitória Mendes de Souza, do bairro Eldorado, trouxe à tona uma questão urgente: a injustiça no sistema carcerário e o encarceramento desproporcional da juventude negra e pobre. A opressão policial nas periferias de Palhoça também foi destacada, uma expressão do racismo institucionalizado. A juventude ressalta a importância de fortalecer os mecanismos de denúncia popular, organizar manifestações e ações contra o racismo e enfrentar esta problemática.

A voz da juventude indígena, representada na exposição de Vilmone Wera Jekupe, da Aldeia Maciambu, ecoou com força e resiliência. A luta contra o Marco Temporal e pela demarcação e reconhecimento das terras indígenas ganha destaque, uma batalha essencial para proteger a cultura, a cosmovisão e os saberes tradicionais. Em Palhoça, a juventude Guarani está engajada nessa luta, protegendo a Mata Atlântica e suas raízes culturais, enfrentando a agenda ruralista que tenta reescrever a história e despojar os povos originários de suas terras. Os recentes ataques aos Ministérios dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente, assim como as tentativas de flexibilizar a legislação ambiental para permitir a exploração empresarial na Mata Atlântica, alimentam a resistência desses jovens, que há mais de cinco séculos enfrentam a cultura de destruição imposta pelos não-indígenas.

A juventude Guarani busca a manutenção de sua cultura, a proteção de seus semelhantes e, acima de tudo, a preservação da mãe terra e da biodiversidade que abraçam Palhoça.

Neste III Encontro da Juventude Ambientalista de Palhoça, testemunhamos o surgimento de líderes dispostos e corajosos, que abraçam a missão de construir um futuro mais justo e sustentável. Eles acreditam no poder da ação coletiva, na união de forças e na mudança que pode ser alcançada quando a juventude se torna a protagonista de sua própria história

Quer saber mais como criar um Fórum de Transição Energética Justa no seu município? Entre em contato com a gente. Junte-se a essa jornada e seja parte da transformação!

 

 

Sol, fonte promissora de geração de energia no Brasil

Sol, fonte promissora de geração de energia no Brasil

O dia 3 de maio é celebrado como o Dia do Sol, uma data significativa para lembrar da importância da energia solar na transição para um futuro mais limpo e sustentável. No Brasil, a geração distribuída de energia solar vem ganhando destaque como uma alternativa eficiente e acessível para a democratização da energia elétrica.

A geração distribuída consiste na produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a solar, por meio de pequenos sistemas instalados em residências, empresas ou comunidades. Dessa forma, a energia é produzida e consumida localmente, sem a necessidade de grandes usinas ou linhas de transmissão, o que garante maior autonomia e segurança energética para as comunidades.

Um exemplo bem-sucedido de geração distribuída de energia solar no Brasil é o projeto Luz para Todos, que leva eletricidade para comunidades rurais e isoladas por meio da instalação de sistemas fotovoltaicos. Desde o lançamento do programa, em 2003, mais de 16 milhões de pessoas já foram beneficiadas com acesso à energia elétrica, transformando a vida dessas pessoas e promovendo a inclusão social.

Além disso, a geração distribuída de energia solar também tem se mostrado uma alternativa viável para a redução das contas de energia elétrica. De acordo com um estudo da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), a geração distribuída pode reduzir os custos da eletricidade em até 50% em comparação com o modelo tradicional de geração centralizada.

Portanto, a geração distribuída de energia solar é uma opção promissora para a democratização da energia no Brasil, garantindo acesso à eletricidade para comunidades isoladas e reduzindo os custos da energia elétrica para as famílias e empresas. É importante que o governo e a sociedade civil continuem incentivando e investindo nessa alternativa limpa e sustentável de produção de energia elétrica.

E na balança dos impactos socioambientais, o que deve ser levado em conta?

A geração distribuída de energia solar pode apresentar ônus ambientais e sociais em sua cadeia produtiva e instalação. Abaixo, apresento algumas referências que abordam essas questões:

No que diz respeito aos impactos ambientais, um estudo publicado na revista Renewable and Sustainable Energy Reviews em 2018 avaliou a sustentabilidade ambiental da produção de energia solar fotovoltaica. O estudo destacou que a extração de minerais e metais para a produção dos painéis solares pode gerar impactos negativos no meio ambiente, como contaminação de água e solo, e destacou a importância de aprimorar as práticas de produção para minimizar esses impactos.

Em relação aos aspectos sociais, um artigo publicado na revista Energies em 2017 analisou a inclusão social na transição energética no Brasil e destacou que a geração distribuída de energia solar pode gerar desigualdades em relação ao acesso à energia elétrica, especialmente para famílias e comunidades de baixa renda. O estudo ressaltou a importância de políticas públicas que promovam a inclusão social na produção de energia solar.

Além disso, um estudo publicado na revista Journal of Cleaner Production em 2019 avaliou os desafios e oportunidades da geração distribuída de energia solar no Brasil. O estudo destacou que a instalação de sistemas de geração distribuída pode gerar desafios em relação à regulamentação e à gestão dos resíduos gerados pelos painéis solares, mas também apontou oportunidades para a inclusão social e o desenvolvimento local por meio da produção de energia solar.

É importante ressaltar que a transição energética para fontes limpas e sustentáveis requer o equacionamento dessas questões, para que a produção de energia solar possa ser cada vez mais inclusiva e sustentável.

Quais são as políticas energéticas brasileiras que abarcam a geração solar?
No Brasil, existem diversas políticas, programas e regulamentações que incentivam, embasam e regulamentam a geração de energia solar, tanto em escala centralizada (usinas solares de grande porte) quanto em escala distribuída (geração solar em residências, comércios e indústrias). Algumas das principais são:

Resolução Normativa 482/2012: esta resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) regulamenta a geração distribuída de energia elétrica no Brasil, incluindo a geração solar fotovoltaica. Ela estabelece as condições para a conexão de sistemas de geração distribuída à rede elétrica, incluindo a possibilidade de os consumidores gerarem sua própria energia e injetá-la na rede em troca de créditos na conta de luz.

Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD): lançado em 2014, este programa do Ministério de Minas e Energia tem como objetivo incentivar a geração distribuída de energia elétrica no país, incluindo a solar fotovoltaica. Entre as medidas previstas estão a simplificação dos procedimentos de conexão à rede e a definição de regras claras para o cálculo dos créditos na conta de luz.

Programa Nacional de Energia Renovável (RENovaBio): lançado em 2017, este programa do governo federal tem como objetivo incentivar a produção de biocombustíveis e outras fontes renováveis de energia, incluindo a solar fotovoltaica. O programa prevê a criação de metas anuais de redução de emissões de gases de efeito estufa e a emissão de certificados de descarbonização (CBIOs) para as empresas que cumprirem essas metas.

Linhas de financiamento para energia solar: diversas instituições financeiras, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Nordeste, oferecem linhas de financiamento para a instalação de sistemas de energia solar fotovoltaica em residências, comércios e indústrias. Esses financiamentos incluem desde a aquisição dos equipamentos até a instalação e a conexão à rede elétrica.

É importante ressaltar que o desenvolvimento do setor depende não apenas dessas medidas, mas também de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, capacitação técnica e conscientização da sociedade sobre a importância da transição para fontes de energia limpa e sustentável.

 

Principais desafios para o Brasil

A geração de energia solar no Brasil ainda enfrenta diversos desafios que dificultam sua implementação em larga escala e a transição para abandonar as fontes não renováveis. Alguns dos principais problemas são:

Custo elevado: apesar de o custo da energia solar ter caído significativamente nos últimos anos, a instalação de sistemas fotovoltaicos ainda requer um investimento inicial elevado, o que pode ser um obstáculo para a adoção da tecnologia por parte de consumidores residenciais, comerciais e industriais.

Falta de incentivos fiscais: embora existam linhas de financiamento para a instalação de sistemas de energia solar, o Brasil ainda carece de incentivos fiscais para o setor, como isenção de impostos e taxas de importação de equipamentos.

Regulamentação complexa: apesar da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, que regulamenta a geração distribuída de energia elétrica no Brasil, muitas empresas ainda enfrentam dificuldades para se conectar à rede elétrica e para obter autorização para a instalação de sistemas fotovoltaicos.

Capacitação técnica: é necessário investimento na capacitação técnica da sociedade para a formação destes novos profissionais para a instalação e manutenção de sistemas de energia solar que requerem conhecimentos específicos. Este é um grande potencial para a geração de emprego e renda.

Dependência das fontes não renováveis: o Brasil ainda depende em grande parte da geração de energia a partir de fontes não renováveis,termelétricas a carvão mineral, gás natural e diesel. A transição para fontes de energia limpa e renovável exige investimentos em infraestrutura e tecnologia que nem sempre são prioritários para o governo e para o setor privado.

 

Plano Nacional de Energia 2050

Um dos documentos mais importantes e abrangentes produzidos no Brasil sobre a democratização do acesso à energia e a transição justa é o Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050), elaborado pelo Ministério de Minas e Energia em 2020.

O PNE 2050 apresenta um conjunto de diretrizes, metas e ações para orientar a expansão da matriz energética brasileira até 2050, com foco na sustentabilidade, na segurança energética e na inclusão social. O documento inclui um capítulo específico sobre a geração distribuída de energia elétrica, que destaca a importância da tecnologia para a democratização do acesso à energia e para a redução das desigualdades regionais e sociais no país.

O Plano Nacional de Energia 2050 foi elaborado a partir de um amplo processo de participação e consulta pública, que contou com a colaboração de especialistas, representantes de governos estaduais e municipais, da sociedade civil, do setor empresarial e de outros segmentos da sociedade brasileira. O documento é uma importante referência para orientar políticas públicas e iniciativas privadas relacionadas à geração de energia solar e à transição justa no Brasil.

O PNE 2050 estabelece como meta para 2050 que a geração distribuída alcance 24% da capacidade instalada de geração elétrica no Brasil. Para atingir essa meta, o documento propõe diversas ações de incentivo à geração distribuída de energia, incluindo a criação de linhas de financiamento, a simplificação das regras de conexão à rede elétrica e a implementação de políticas de estímulo à micro e minigeração distribuída.

O documento também destaca que a geração solar fotovoltaica tem um grande potencial de expansão no Brasil, dado o elevado nível de radiação solar no país e a redução do custo dos equipamentos. O PNE 2050 projeta que a capacidade instalada de geração solar fotovoltaica no Brasil pode chegar a 222 GW em 2050, o que corresponderia a cerca de 36% da capacidade total de geração elétrica no país.

 

Referências:
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Geração distribuída. Disponível em: https://www.aneel.gov.br/geracao-distribuida

Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA). Distributed Renewable Energy: A Catalyst for Rural Electrification in the Global South. Disponível em: https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Oct/IRENA_Distributed_Renewable_Energy_2017.pdf

Ministério de Minas e Energia. Programa Luz para Todos. Disponível em: http://www.mme.gov.br/luz-para-todos

Renewable and Sustainable Energy Reviews
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032118305638

Revista Energies
https://www.mdpi.com/1996-1073/10/10/1614

Journal of Cleaner Production
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619304112