El episodio ocurrido en 2019 cumple un año más sin que se rindan las debidas cuentas
El 30 de agosto de 2019, el país fue testigo de lo que sería un hito en el desastroso desempeño ambiental del gobierno pasado. En esa fecha, varias manchas de petróleo llegaron a la costa de Paraíba. El compuesto afectó a la fauna y flora locales, contaminando varias especies. La economía y la salud de la población también sufrieron las consecuencias.
El petróleo, que afectó a 130 municipios repartidos por 11 estados costeros, contaminó más de mil localidades. Entre ellos había más de 50 unidades de conservación medioambiental. En aquella época, el actual diputado federal Ricardo Salles (PL) estaba al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Fue él quien quiso “pasar la pelota” en cuestiones ambientales mientras los medios estaban preocupados con Covid-19 y el pasado lunes 28, el ex ministro de Bolsonaro se convirtió en acusado, a través de una denuncia del Ministerio Público Federal, por formar parte de una organización criminal con un “grave esquema para facilitar el contrabando de productos forestales”. Además de Salles, también son acusados el ex presidente del IBAMA, Eduardo Bim, y otras 21 personas.
Para investigar a los responsables de la marea negra, en 2019 se creó la CPI del Petróleo. La comisión se interrumpió debido a la pandemia del Coronavirus y sólo se reanudó en 2021, cuando se cerró sin un informe final que definiera a los culpables. Este año, algunos diputados presentaron un pedido para prorrogar la CPI, pero la base gobernante en el momento del derrame se organizó para que no siguiera adelante.
En diciembre de 2021, la Policía Federal identificó al petrolero griego Bouboulina, perteneciente a la compañía Delta Tanker, como el culpable del vertido. Los propietarios de la empresa, el capitán del buque y el jefe de máquinas fueron acusados de los delitos de contaminación, incumplimiento de las obligaciones medioambientales y daños a las unidades de conservación.
La inacción del gobierno para contener el agravamiento del problema fue evidente. Hubo un gran retraso en la activación del Plan Nacional de Contingencia ante Incidentes Petroleros (PNC). Tras los primeros informes de la aparición de petróleo en las playas de Paraíba, la cronología fue la siguiente:
- 25 de septiembre de 2019: IBAMA emite la primera nota oficial sobre las manchas. Para entonces, ya había 108 localidades afectadas.
- 05 de octubre de 2019: Ricardo Salles, a través de las redes sociales, hace su primera mención al caso.
- 11 de octubre de 2019: El coordinador operativo es llamado por Salles para monitorear la situación, este es el primer acto de la PNC. Hubo 155 sitios afectados.
- 14 de octubre de 2019: Primera mención del Grupo de Seguimiento y Evaluación (GAA en la sigla en portugués). Formado por el IBAMA, la Marina y la ANP.
La negligencia y el retraso en la reacción fue tan grande que la población, junto con organizaciones de la sociedad civil, tuvo que movilizarse para limpiar los residuos tóxicos en las playas y protestar. Muchas familias y empresas cuyo sustento depende de la costa – como pescadores y mariscadores – trabajaron para hacerlo, ya que su sustento estaba amenazado. El turismo se vio muy afectado por la contaminación. La gente no disponía de los equipos de protección individual (EPI) mínimos para realizar su trabajo. Según el IBAMA, la salud de 144.000 pescadores artesanales del Nordeste estaba en peligro. Fuera de estas cifras, los estados de Espírito Santo y Río de Janeiro también se vieron afectados.
El contacto directo con el crudo puede causar problemas cutáneos, respiratorios, dolores de cabeza y vómitos. El Consejo Federal de Química afirmó en un comunicado oficial que:
“los hidrocarburos poliaromáticos (HAP) presentes en el crudo y sus derivados pertenecen a un grupo de compuestos orgánicos semivolátiles que se encuentran entre los compuestos más tóxicos del petróleo en ese estado y pueden causar graves problemas de salud, como cáncer”.
Cuatro años después, la situación sigue sin tener respuestas definitivas. La tragedia dejó importantes secuelas en la población costera y en la fauna y flora de Brasil. Además, la Policía Federal estimó en 525,3 millones de reales los daños causados por el vertido de petróleo.
El Instituto Internacional ARAYARA y otras organizaciones de la sociedad civil se unieron para ayudar a las comunidades afectadas. Aún hoy se están llevando a cabo estudios que se publican en diversas revistas científicas para evaluar las consecuencias del vertido. Mientras no se exijan responsabilidades a las petroleras y no se analice seriamente cómo reducir el uso de petróleo y gas en el mundo, seguirán produciéndose situaciones como la vivida en 2019.
Un año después de la tragedia de la costa nordeste, ARAYARA se unió a más de 120 organizaciones para pedir la cancelación de la subasta de áreas de exploración de petróleo y gas en Brasil. Las subastas organizadas por la ANP siguen ofreciendo áreas sensibles hasta el día de hoy. Están ampliando sus ofertas haciendo caso omiso de las audiencias públicas, los argumentos científicos y las protestas de personas cuyas vidas se están poniendo en peligro. ARAYARA ya ha conseguido retirar cientos de bloques de estas subastas a través de Acciones Civiles Públicas (ACP’s), ¡pero la lucha continúa!
Actualmente hay presiones para iniciar la exploración de petróleo en la desembocadura del río Amazonas, incluyendo un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Unión (AGU). El IBAMA y el Ministerio de Medio Ambiente ya han declarado que sin una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria – AAAS – no se concederá la licencia de explotación. El Instituto Internacional ARAYARA sigue luchando para impedir que se exploren los bloques petrolíferos frente a la costa amazónica, así como diversas zonas sensibles de norte a sur, como las paradisíacas Fernando de Noronha y Florianópolis.
ARAYARA subraya que el petróleo pertenece al subsuelo. No podemos permitir que se repitan situaciones como la de 2019, porque además de la contaminación visible, el planeta sufre la crisis climática agravada por la quema de combustibles fósiles. Lo que Brasil necesita es una Transición Energética Justa para sustituir gradualmente las fuentes contaminantes y convertir al país en un modelo de desarrollo sostenible. Vea el vídeo publicado por ARAYARA para recordar el caso.
