- En uno de los frentes, las organizaciones quieren derogar la ley estatal de Santa Catarina que, para los ambientalistas, sirve como “fachada legislativa” para postergar el fin del carbón
- Una ADI cuestionando la ley estatal fue recibida por el STF; el ministro ponente, Dias Toffoli consideró relevante el tema y decidió, la semana pasada, acortar los ritos procesales de la acción
El Instituto Internacional ARAYARA y el Observatorio del Carbón, junto con otras organizaciones asociadas, intensificarán, este año, acciones para incentivar la descarbonización de la matriz energética brasileña y ayudar al país a avanzar en la agenda de la Transición Energética Justa, a partir de nuevas políticas encaminada al abandono paulatino de los combustibles fósiles. Uno de los principales objetivos es el carbón, señalado por académicos y autoridades climáticas como el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el sector energético y, en consecuencia, uno de los mayores villanos del agravamiento de la crisis climática.
En uno de los frentes de acción ya en marcha, las organizaciones cuestionan la ley nº 18.330/22 , propuesta por el gobierno de Santa Catarina, que instituye la “Política de Estado de Transición Energética Justa y el Polo de Transición Energética Justa del Sur del Estado de Santa Catarina”. Catalina”. En el entendimiento de los ambientalistas, la legislación va en la dirección opuesta de proponer la migración a una matriz energética limpia y sustentable –que es la esencia del concepto de Transición Energética Justa– y sirve, de hecho, como un estímulo a la cadena productiva de carbón mineral y a la continuidad de su uso para la generación de energía.
La ley de Santa Catarina está siendo impugnada en los tribunales. A finales de 2022, la Red de Sostenibilidad – partido de la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva – interpuso una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) con pedido de medida cautelar, ante el Supremo Tribunal Federal (STF), cuestionando las reformas propuestas por la legislatura de Santa Catarina, que invaden la competencia del ejecutivo estadual para la creación de órganos de la administración pública y de la Unión para legislar sobre energía.
Debido a su amplia trayectoria de realización y producción de estudios técnicos sobre los impactos socioambientales de la cadena del carbón en Santa Catarina, el Instituto ARAYARA participa de la acción como amicus curiae – término legal que designa a un tercero que entra en el proceso con la intención de proporcionar subsidios al órgano adjudicador.
La semana pasada, el ministro informante de ADI, Dias Toffoli, decidió acortar los ritos procesales de ADI. “La relevancia del asunto tratado en esta acción directa da lugar a la aplicación del rito abreviado del art. 12 de la Ley nº 9.868/99, para que la decisión sea tomada en definitiva”, informó el ministro en su despacho.
Para el abogado Luiz Ormay Junior, que representa a Rede Sustentabilidade y ARAYARA.org en la acción, al recurrir a la disposición legal, el ministro reconoció la importancia del tema abordado. “Es muy acertada la decisión del ministro Dias Toffoli al imprimir el rito abreviado, pues permite encarar más rápidamente el fondo de la acción. Esto cobra especial relevancia cuando se trata de un tema que tiene un impacto directo no solo en el enfrentamiento al cambio climático, sino en actividades que provocan grandes daños socioambientales”, afirmó.
“Fachada legislativa”
Además de las disposiciones inconstitucionales contenidas en la ley 18.330/22, la ADI propuesta por Rede junto con ARAYARA.org también cuestiona las inconsistencias de la legislación sobre aspectos críticos que deben apoyar la transición energética en Santa Catarina. Para los autores de la acción, se trata de “una ‘fachada legislativa’ que servirá de justificación a un supuesto plan de transición energética, cuando en realidad lo que tenemos es un mecanismo que atiende únicamente a los intereses económicos de la cadena productiva del carbón, apuntando posponer el inevitable fin del uso de este combustible fósil del siglo pasado”.
El director técnico del Instituto ARAYARA, ingeniero Juliano Bueno de Araújo, doctor en riesgos y emergencias ambientales, refuerza que el concepto de transición energética justa implica sustituir los combustibles fósiles, en este caso el carbón, por fuentes de energía limpias y renovables, como la solar. , eólica y biomasa, considerando también los factores socioeconómicos que intervienen en este cambio, como la creación de nuevos puestos de trabajo, por ejemplo. “Sin embargo, la ley de Santa Catarina, además de ignorar este concepto, ya que no establece un cronograma para la eliminación del carbón mineral, todavía crea incentivos y beneficios fiscales para la cadena productiva, incluso incentivando la instalación de nuevos complejos industriales que utilizar este combustible fósil”, señaló.
La ley en Santa Catarina se produjo a raíz de la ley federal nº 14.299/2022, que creó el Programa de Transición Energética Justa y prorrogó hasta 2040 los contratos de centrales térmicas a carbón en Santa Catarina. La ley federal también es objeto de otra acción directa de inconstitucionalidad ( ADI 7095 ), propuesta por Rede Sustentabilidade, PSOL, PSB y ARAYARA.org, en marzo del año pasado. ADI cuestiona la distorsión del concepto de transición energética justa, las implicaciones de mantener incentivos a tecnología obsoleta y contaminante, que va en contra de los acuerdos climáticos, además del impacto del costo de la energía del carbón en el bolsillo de los consumidores.
