por Comunicação Arayara | ago 31, 2023 | Mar Sem Petróleo, Participação Social, Pescadores Artesanais, Petróleo e Gás, Racismo Ambiental, Salve a Costa Amazônica |
El episodio ocurrido en 2019 cumple un año más sin que se rindan las debidas cuentas
El 30 de agosto de 2019, el país fue testigo de lo que sería un hito en el desastroso desempeño ambiental del gobierno pasado. En esa fecha, varias manchas de petróleo llegaron a la costa de Paraíba. El compuesto afectó a la fauna y flora locales, contaminando varias especies. La economía y la salud de la población también sufrieron las consecuencias.
El petróleo, que afectó a 130 municipios repartidos por 11 estados costeros, contaminó más de mil localidades. Entre ellos había más de 50 unidades de conservación medioambiental. En aquella época, el actual diputado federal Ricardo Salles (PL) estaba al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Fue él quien quiso “pasar la pelota” en cuestiones ambientales mientras los medios estaban preocupados con Covid-19 y el pasado lunes 28, el ex ministro de Bolsonaro se convirtió en acusado, a través de una denuncia del Ministerio Público Federal, por formar parte de una organización criminal con un “grave esquema para facilitar el contrabando de productos forestales”. Además de Salles, también son acusados el ex presidente del IBAMA, Eduardo Bim, y otras 21 personas.
Para investigar a los responsables de la marea negra, en 2019 se creó la CPI del Petróleo. La comisión se interrumpió debido a la pandemia del Coronavirus y sólo se reanudó en 2021, cuando se cerró sin un informe final que definiera a los culpables. Este año, algunos diputados presentaron un pedido para prorrogar la CPI, pero la base gobernante en el momento del derrame se organizó para que no siguiera adelante.
En diciembre de 2021, la Policía Federal identificó al petrolero griego Bouboulina, perteneciente a la compañía Delta Tanker, como el culpable del vertido. Los propietarios de la empresa, el capitán del buque y el jefe de máquinas fueron acusados de los delitos de contaminación, incumplimiento de las obligaciones medioambientales y daños a las unidades de conservación.
La inacción del gobierno para contener el agravamiento del problema fue evidente. Hubo un gran retraso en la activación del Plan Nacional de Contingencia ante Incidentes Petroleros (PNC). Tras los primeros informes de la aparición de petróleo en las playas de Paraíba, la cronología fue la siguiente:
- 25 de septiembre de 2019: IBAMA emite la primera nota oficial sobre las manchas. Para entonces, ya había 108 localidades afectadas.
- 05 de octubre de 2019: Ricardo Salles, a través de las redes sociales, hace su primera mención al caso.
- 11 de octubre de 2019: El coordinador operativo es llamado por Salles para monitorear la situación, este es el primer acto de la PNC. Hubo 155 sitios afectados.
- 14 de octubre de 2019: Primera mención del Grupo de Seguimiento y Evaluación (GAA en la sigla en portugués). Formado por el IBAMA, la Marina y la ANP.
La negligencia y el retraso en la reacción fue tan grande que la población, junto con organizaciones de la sociedad civil, tuvo que movilizarse para limpiar los residuos tóxicos en las playas y protestar. Muchas familias y empresas cuyo sustento depende de la costa – como pescadores y mariscadores – trabajaron para hacerlo, ya que su sustento estaba amenazado. El turismo se vio muy afectado por la contaminación. La gente no disponía de los equipos de protección individual (EPI) mínimos para realizar su trabajo. Según el IBAMA, la salud de 144.000 pescadores artesanales del Nordeste estaba en peligro. Fuera de estas cifras, los estados de Espírito Santo y Río de Janeiro también se vieron afectados.
El contacto directo con el crudo puede causar problemas cutáneos, respiratorios, dolores de cabeza y vómitos. El Consejo Federal de Química afirmó en un comunicado oficial que:
“los hidrocarburos poliaromáticos (HAP) presentes en el crudo y sus derivados pertenecen a un grupo de compuestos orgánicos semivolátiles que se encuentran entre los compuestos más tóxicos del petróleo en ese estado y pueden causar graves problemas de salud, como cáncer”.
Cuatro años después, la situación sigue sin tener respuestas definitivas. La tragedia dejó importantes secuelas en la población costera y en la fauna y flora de Brasil. Además, la Policía Federal estimó en 525,3 millones de reales los daños causados por el vertido de petróleo.
El Instituto Internacional ARAYARA y otras organizaciones de la sociedad civil se unieron para ayudar a las comunidades afectadas. Aún hoy se están llevando a cabo estudios que se publican en diversas revistas científicas para evaluar las consecuencias del vertido. Mientras no se exijan responsabilidades a las petroleras y no se analice seriamente cómo reducir el uso de petróleo y gas en el mundo, seguirán produciéndose situaciones como la vivida en 2019.
Un año después de la tragedia de la costa nordeste, ARAYARA se unió a más de 120 organizaciones para pedir la cancelación de la subasta de áreas de exploración de petróleo y gas en Brasil. Las subastas organizadas por la ANP siguen ofreciendo áreas sensibles hasta el día de hoy. Están ampliando sus ofertas haciendo caso omiso de las audiencias públicas, los argumentos científicos y las protestas de personas cuyas vidas se están poniendo en peligro. ARAYARA ya ha conseguido retirar cientos de bloques de estas subastas a través de Acciones Civiles Públicas (ACP’s), ¡pero la lucha continúa!
Actualmente hay presiones para iniciar la exploración de petróleo en la desembocadura del río Amazonas, incluyendo un dictamen favorable de la Procuraduría General de la Unión (AGU). El IBAMA y el Ministerio de Medio Ambiente ya han declarado que sin una Evaluación Ambiental del Área Sedimentaria – AAAS – no se concederá la licencia de explotación. El Instituto Internacional ARAYARA sigue luchando para impedir que se exploren los bloques petrolíferos frente a la costa amazónica, así como diversas zonas sensibles de norte a sur, como las paradisíacas Fernando de Noronha y Florianópolis.
ARAYARA subraya que el petróleo pertenece al subsuelo. No podemos permitir que se repitan situaciones como la de 2019, porque además de la contaminación visible, el planeta sufre la crisis climática agravada por la quema de combustibles fósiles. Lo que Brasil necesita es una Transición Energética Justa para sustituir gradualmente las fuentes contaminantes y convertir al país en un modelo de desarrollo sostenible. Vea el vídeo publicado por ARAYARA para recordar el caso.
por Comunicação Arayara | ago 31, 2023 | Mar Sem Petróleo, Participação Social, Pescadores Artesanais, Petróleo e Gás, Racismo Ambiental, Salve a Costa Amazônica |
Episode that took place in 2019 reaches another year without proper responsibility
On August 30, 2019, the country witnessed what would be a milestone in the disastrous environmental performance of the past government. On that date, several oil slicks reached the coast of Paraíba. The compound affected the local fauna and flora, contaminating several species. The economy and the health of the population also suffered as a result.
The oil, which affected 130 municipalities spread across 11 coastal states, contaminated more than a thousand locations. Among them were more than 50 environmental conservation units. At the time, current federal deputy Ricardo Salles (PL) was in charge of the Ministry of the Environment. He was the one who wanted to “pass the buck” on environmental issues while the media was preoccupied with Covid-19 and last Monday, 28, Bolsonaro’s former minister became a defendant, through a complaint by the Federal Public Prosecutor’s Office, accused of being part of a criminal organization with a “serious scheme to facilitate the smuggling of forest products”. In addition to Salles, the former president of IBAMA, Eduardo Bim, and 21 other people are also defendants.
To investigate who was responsible for the oil spill, the Oil Commission was set up in 2019. The commission was interrupted due to the Coronavirus pandemic and only resumed in 2021, when it was closed without a final report defining the culprits. This year, MPs submitted a request to extend the CPI, but the ruling base at the time of the spill worked together to prevent it from moving forward.
In December 2021, the Federal Police named the Greek oil tanker Bouboulina, owned by Delta Tanker, as the culprit in the spill. The owners of the company, the ship’s captain and chief engineer, were charged with pollution, failure to comply with environmental obligations and damaging conservation units.
The government’s failure to act to contain the worsening problem was evident. There was a long delay in implementing the National Oil Incident Contingency Plan (PNC). After the first reports of oil appearing on the beaches of Paraíba, the chronology was as follows:
- September 25, 2019: IBAMA issues the first official note on the stains. By then, 108 locations had already been affected.
- October 05, 2019: Ricardo Salles, via social media, makes his first mention of the case.
- October 11, 2019: The operational coordinator is activated by Salles to monitor the situation, this is the first act of the PNC. There were 155 sites affected.
- October 14, 2019: First mention of the Monitoring and Evaluation Group (GAA). Composed of Ibama, the Navy and the ANP.
The negligence and delay in reaction was so great that the population, along with civil society organizations, had to mobilize to clean up the toxic waste on the beaches and protest. Many families and businesses whose livelihoods depend on the coast – such as fishermen and shellfish gatherers – worked to do this, as their livelihoods were under threat. Tourism was hit hard by the pollution. People didn’t have the minimum Personal Protective Equipment (PPE) to help with their work. According to IBAMA, the health of 144,000 artisanal fishermen in the Northeast was at risk. Outside of these figures, the states of Espírito Santo and Rio de Janeiro were also affected.
Direct contact with crude oil can cause skin problems, breathing problems, headaches and vomiting. The Federal Chemistry Council said in an official statement that:
“The polyaromatic hydrocarbons (PAHs) present in crude oil and its derivatives belong to a group of semi-volatile organic compounds that are among the most toxic compounds in oil in this state and can cause serious health problems, such as cancer”.
Four years on, the situation still has no definitive answers. The tragedy left major consequences for the coastal population and for Brazil’s fauna and flora. In addition, the Federal Police estimated R$525.3 million in damages caused by the oil spill.
The ARAYARA International Institute and other civil society organizations came together to help the affected communities. Even today, studies are being carried out and published in various scientific journals to assess the consequences of the spill. As long as oil companies are not held accountable and there is no serious analysis of how to reduce the use of oil and gas in the world, situations like the one seen in 2019 will continue to happen.
The year after the tragedy on the northeastern coast, ARAYARA joined more than 120 organizations in calling for the cancellation of an auction of oil and gas exploration areas in Brazil. The auctions promoted by the ANP continue to offer sensitive areas to this day. They are expanding their offers in complete disregard of public hearings, scientific arguments and the protests of people whose lives are at risk. ARAYARA has already managed to withdraw hundreds of blocks from these auctions through Public Civil Actions (ACP’s), but the fight continues!
There is currently pressure to start oil exploration at the mouth of the Amazon River, including a favorable opinion from the Federal Attorney General’s Office (AGU). IBAMA and the Ministry of the Environment have already stated that without an Environmental Assessment of the Sedimentary Area – AAAS – the operating license will not be granted. The ARAYARA International Institute continues to fight to prevent the oil blocks off the Amazon coast from being exploited, as well as various sensitive areas from north to south, such as the paradisiacal Fernando de Noronha and Florianópolis.
ARAYARA stresses that oil belongs underground. We cannot allow situations like the one in 2019 to happen again, because as well as visible pollution, the planet is suffering from the climate crisis made worse by the burning of fossil fuels. What Brazil needs is a Just Energy Transition to gradually replace polluting sources and turn the country into a model of sustainable development. Watch the video published by ARAYARA to remember the case.
por Comunicação Arayara | ago 31, 2023 | Mar Sem Petróleo, Participação Social, Pescadores Artesanais, Petróleo e Gás, Racismo Ambiental, Salve a Costa Amazônica |
Episódio ocorrido em 2019 chega a mais um ano sem a devida responsabilização
Em 30 de agosto de 2019, o país assistia aquele que seria um marco na desastrosa atuação ambiental do governo passado. Nesta data, chegou à costa da Paraíba diversas manchas de petróleo. O composto afetou a fauna e a flora local, contaminando diversas espécies. De carona, a economia e a saúde da população também foi prejudicada.
O óleo, que atingiu 130 municípios espalhados por 11 estados costeiros, contaminou mais de mil localidades. Entre elas, estavam mais de 50 unidades de conservação ambiental. Na ocasião, estava no comando do Ministério do Meio Ambiente o atual deputado federal Ricardo Salles (PL). Ele é quem queria “passar a boiada” dos assuntos ambientais enquanto a mídia estava preocupada com o Covid-19 e na última segunda-feira, 28, o ex-ministro de Bolsonaro se tornou réu, através de uma denúncia do Ministério Público Federal, acusado de ser parte de uma organização criminosa com um “grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais”. Além de Salles, o ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bim, e outras 21 pessoas também são rés.
Para investigar os responsáveis pelo derramamento de petróleo, instaurou-se a CPI do Óleo ainda em 2019. A comissão foi interrompida devido à pandemia do Coronavírus e foi retomada apenas em 2021, quando foi encerrada sem um relatório final que definisse os culpados. Neste ano, deputados apresentaram um pedido de prorrogação da CPI, mas a base governista da época do derramamento se articulou para que ela não avançasse.
Em dezembro de 2021, a Polícia Federal apontou o navio petroleiro grego Bouboulina, da empresa Delta Tanker, como o culpado pelo derramamento. Os donos da empresa, o capitão e o chefe de máquinas da embarcação, foram acusados dos delitos de poluição, descumprimento de obrigação ambiental e dano a unidades de conservação.
O descaso da atuação do governo para conter o agravamento do problema foi evidente. Houve um grande atraso para acionar o Plano Nacional de Contingência de Incidentes com Óleo (PNC). Depois dos primeiros relatos de aparecimento de petróleo nas praias da Paraíba, a cronologia foi a seguinte:
- 25 de setembro de 2019: IBAMA emite a primeira nota oficial sobre as manchas. Até então, 108 localidades já haviam sido afetadas.
- 05 de outubro de 2019: Ricardo Salles, por rede social, faz sua primeira menção ao caso.
- 11 de outubro de 2019: O coordenador operacional é acionado por Salles para acompanhar a situação, este é o primeiro ato do PNC. Acumulavam-se 155 locais atingidos.
- 14 de outubro de 2019: Primeira menção ao Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA). Sendo composto por Ibama, Marinha e ANP.
A negligência e atraso na reação foi tão grande, que a população, junto com organizações da sociedade civil, tiveram que se mobilizar para limpar os resíduos tóxicos nas praias e protestar. Muitas famílias e negócios que têm sua subsistência dependente da costa – como pesqueiros e marisqueiros – trabalharam nisso, pois estavam com suas existências ameaçadas.
O turismo foi duramente afetado com a poluição. As pessoas não tinham os mínimos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para auxiliar no trabalho. Segundo o IBAMA, a saúde de 144 mil pescadores artesanais do Nordeste estava em risco. Fora desses dados, ainda havia os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, que também foram afetados.
O contato direto com petróleo bruto pode causar problemas de pele, de respiração, dores de cabeça e vômitos. O Conselho Federal de Química apontou em nota oficial que:
“Os hidrocarbonetos poliaromáticos (HPA) presentes no petróleo bruto e seus derivados pertencem a um grupo de composto orgânicos semivoláteis que estão entre os compostos mais tóxicos do óleo nesse estado e podem causar problemas sérios de saúde, como câncer”.
Nesses quatro anos, a situação ainda não tem respostas definitivas. A tragédia deixou grandes consequências para a população costeira e para a fauna e flora do Brasil. Além disso, a Polícia Federal estimou R$525,3 milhões de danos causados pelo vazamento de óleo.
O Instituto Internacional ARAYARA e demais organizações da sociedade civil se uniram para auxiliar as comunidades afetadas. Ainda hoje, estudos estão sendo feitos e divulgados em diversas revistas científicas para dimensionar as consequências do derramamento. Enquanto não houver a devida responsabilização de petroleiras e uma séria análise sobre a redução da utilização de petróleo e gás no mundo, situações como a vista em 2019 seguem acontecendo.
No ano seguinte à tragédia na costa nordestina, a ARAYARA se juntou a mais de 120 organizações demandando o cancelamento de um leilão de áreas de exploração de petróleo e gás no Brasil. Os leilões promovidos pela ANP continuam ofertando áreas sensíveis até hoje. Estão ampliando suas ofertas ignorando completamente as audiências públicas, argumentos científicos e protestos de pessoas que têm suas vidas colocadas em risco. A ARAYARA já conseguiu retirar, através de Ações Civis Públicas (ACP’s), centenas de blocos desses leilões, mas a luta continua!
Atualmente, há pressão para iniciar a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, inclusive com um parecer favorável da Advocacia-Geral da União (AGU) às atividades. O IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente já declararam que sem a realização da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar – AAAS – a licença de operação não será concedida. O Instituto Internacional ARAYARA segue lutando para que os blocos de petróleo da costa amazônica não possam ser explorados, além de diversas áreas sensíveis de norte a sul, como as paradisíacas Fernando de Noronha e Florianópolis.
A ARAYARA reforça que o lugar do petróleo é debaixo da terra, não podemos permitir que situações como a de 2019 se repitam, pois além da poluição visível, o planeta sofre com a crise climática agravada pela queima de combustíveis fósseis. O que o Brasil precisa é uma Transição Energética Justa para substituir gradualmente as fontes poluidoras e tornar o país um modelo de desenvolvimento sustentável. Assista aqui o vídeo publicado pela ARAYARA para relembrar o caso.
por Comunicação Arayara | maio 30, 2023 | Petróleo e Gás, Press Release |
A Costa Amazônica, uma das regiões mais sensíveis e ricas em biodiversidade do planeta, está sob ameaça.
Apesar de abrigar uma grande variedade de espécies costeiras e marinhas, muitas delas que ainda são desconhecidas pela ciência, e ser um importante berçário da pesca, fonte de subsistência para as comunidades locais, a exploração de petróleo e gás na região pode colocar em risco todo esse ecossistema e as populações que dele dependem. A falta de planos para evitar, conter e comunicar os riscos de vazamentos e acidentes não pode ser atropelada por decisões políticas, pois os impactos socioambientais seriam irreversíveis.
Por isso, convidamos você a participar da Audiência Pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados e mostrar sua preocupação com a exploração de petróleo e gás na Costa Amazônica. Sua participação online ou presencial é fundamental para pressionar os parlamentares a tomarem medidas concretas para proteger a região.
Juntos, podemos garantir que a AAAS (Avaliação de Área Sedimentar) seja implementada antes de qualquer empreendimento de petróleo e gás para as novas fronteiras de exploração na Margem Equatorial e assim, preservar um futuro realmente sustentável para a Costa Amazônica e as comunidades que dela dependem. Participe da Audiência Pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, quarta-feira, 31/05 às 10h pela TV Câmara e também no Youtube. Façamos as nossas vozes serem ouvidas!
Proponentes:
Deputado Ivan Valente (PSOL/SP)
José Priante (MDB/PA)
Nilto Tatto (PT/SP)
Socorro Neri (PP/AC)
Convidados:
– Representante do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas – MMA;
– Rodrigo Agostinho Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
– Daniele Zaneti Puelker – presença confirmada – Gerente Geral de Licenciamento e Conformidade Ambiental da Petrobras;
– José Umberto Arnaud Borges – presença confirmada – Gerente Geral de Construção, Avaliação e Abandono de Poços Exploratórios da Petrobrás;
– Representante Ministério de Minas e Energia – MME;
– Rodolfo Henrique De Saboia – Diretor-Geral da Agência Nacional de Petróleo – ANP;
– Mauro O´de Almeida – presença confirmada (REMOTO) – Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMAS/PA;
– Roberto Ardenghy – presença confirmada – Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo – IBP;
– Ticiana De Oliveira Alvares – presença confirmada – Diretora Técnica do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – Ineep;
– Deyvid Bacelar – presença confirmada – Coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros – FUP;
– Carlos Eduardo Rezende – presença confirmada (REMOTO) – Professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense;
– Suely Araújo – Especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima – presença confirmada;
por Comunicação Arayara | abr 30, 2023 | Mar Sem Petróleo |
Parecer técnico afirma que pedido da Petrobras é inviável do ponto de vista ambiental, mas a decisão depende de Rodrigo Agostinho, presidente do órgão
Publicado por: Sumaúma Jornalismo
Um parecer técnico do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recomenda que seja negado o pedido da Petrobras para furar um poço em busca de petróleo no chamado bloco 59, na bacia da foz do Amazonas, a cerca de 160 quilômetros da costa do Oiapoque, no Amapá. Segundo SUMAÚMA apurou, o documento, de acesso restrito por envolver a etapa de conclusão do caso, foi protocolado no dia 20 de abril. Ele afirma que o empreendimento é inviável do ponto de vista ambiental e pede o indeferimento da licença e o arquivamento do processo de licenciamento da prospecção no bloco 59, que já se arrasta há nove anos.
Assinado por toda a equipe técnica encarregada do licenciamento do bloco 59, o parecer é um dos documentos que vai embasar uma decisão do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, sobre a concessão ou não da licença de operação à Petrobras. O texto cita lacunas na previsão dos impactos da atividade nas três terras indígenas da região do Oiapoque e incertezas no plano apresentado pela estatal para atendimento à fauna, em caso de acidente com derrame de óleo – numa área em que há espécies endêmicas ameaçadas e correntes marítimas particularmente fortes. Lembra também que o empreendimento é cercado por insegurança técnica e jurídica por não ter sido feita uma avaliação mais ampla da compatibilidade entre a indústria petrolífera e todo o contexto social e ambiental da região, com a utilização de instrumentos como a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS), que foi estabelecida em portaria de 2012 dos ministérios do Meio Ambiente e Minas e Energia.
A perfuração de um poço na bacia da foz do Amazonas, onde há mais oito blocos em processo de licenciamento, teria o potencial de abrir uma nova fronteira de exploração petrolífera na margem equatorial do Brasil, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá. A região inclui 80% dos mangues do país e um sistema de recifes ainda pouco estudado, considerado fundamental para a atividade pesqueira. Além disso, conhecimentos escassos sobre a dinâmica das correntes marinhas locais tornam difícil prever o que aconteceria em caso de eventual vazamento de óleo e como atuar para conter seus efeitos.
Mapa da posição do bloco 59 da Petrobras. Infográfico: Rodolfo Almeida/SUMAÚMA
No total, há ainda 47 blocos na margem equatorial em “oferta permanente” pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e 157 em estudo para serem levados a leilão. Em carta enviada em meados de abril a autoridades do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 80 organizações da sociedade civil, incluindo ONGs ambientalistas e associações indígenas, de pescadores e de comunidades extrativistas da Amazônia pediram a realização de uma Avaliação Ambiental de Área Sedimentar antes de qualquer decisão sobre o bloco 59. Argumentaram também que a abertura de uma nova fronteira petrolífera é “incoerente” com a necessidade de uma “transição energética justa e inclusiva” e com os “compromissos socioambientais assumidos pelo governo brasileiro”.
A exploração da margem equatorial foi considerada prioritária pela Petrobras no plano estratégico para o período de 2024 a 2027, lançado em 2022, ainda no governo do extremista de direita Jair Bolsonaro. Indicado já no governo Lula, o atual presidente da empresa, Jean Paul Prates, reiterou essa prioridade, afirmando que a busca de petróleo na região é fundamental para a manutenção dos negócios da estatal em óleo e gás, “mesmo num panorama de transição energética”. Mais recentemente, Prates disse que cabe à “sociedade” decidir sobre a exploração na margem equatorial. “Estamos preparados para explorar novas reservas se assim a sociedade decidir”, afirmou ele em vídeo.
O parecer técnico publicado no último dia 20 pelo Ibama lembra que a Petrobras, a pedido do órgão ambiental, atualizou a chamada “modelagem” – um estudo feito em computador que faz a previsão de cenários de dispersão do petróleo em caso de acidente. A modelagem também embasa o chamado Plano de Emergência Individual (PEI), que é parte fundamental do processo de licenciamento. Ainda assim, diz o texto, a construção de uma base hidrodinâmica que representasse melhor a dinâmica costeira da margem equatorial ainda não foi concluída, o que aumenta a possibilidade de erros, considerada a intensidade das correntes e ventos na área do bloco 59. Para ter uma ideia, a Corrente Norte do Brasil, a principal da região, tem em média três nós de velocidade contra um nó na Corrente do Brasil, predominante no litoral do Sudeste. O documento lembra mais uma vez que os cenários da Petrobras não preveem a chegada de óleo na costa em um eventual vazamento, embora haja relatos de objetos que alcançaram o litoral do Oiapoque vindos do alto-mar, como estágios de um foguete lançado em 2014 do Centro Espacial de Kourou, na vizinha Guiana Francesa.
RESTOS DE FOGUETE ENCONTRADOS NO PARQUE NACIONAL DO CABO ORANGE, NA REGIÃO DO OIAPOQUE: INDÍCIO DE QUE CORRENTE PODERIA TRAZER MANCHA DE ÓLEO PARA O BRASIL. FOTO: DIVULGAÇÃO/ICMBIO
No que diz respeito ao impacto nas terras indígenas, onde vivem cerca de 8 mil pessoas, o parecer cita que apenas em fevereiro deste ano, em reunião com o Conselho de Caciques dos Povos Indígenas do Oiapoque (CCPIO) e outras entidades, a Petrobras reconheceu que os voos de helicóptero entre o aeroporto da cidade e o navio-sonda que mantém na área do bloco 59 desde agosto do ano passado já estavam afetando os povos originários, afugentando a fauna de que as aldeias precisam para sua sobrevivência. Na ocasião, a estatal se comprometeu a alterar a altitude desses voos. No entanto, de acordo com o documento, um aumento estimado de 3.000% do tráfego aéreo durante a atividade de prospecção de petróleo exigiria a elaboração de uma nova Avaliação de Impacto Ambiental para o caso específico das terras indígenas, que a Petrobras considerou não ser necessária.
Por último, o parecer técnico do Ibama analisa o Plano de Proteção à Fauna (PPAF) apresentado pela estatal como parte do Plano de Emergência Individual (PEI). O documento rejeita o PPAF da Petrobras, e portanto não recomenda a realização da Avaliação Pré-Operacional, uma simulação de resposta a acidentes que é a última etapa do processo de licenciamento. De acordo com o texto, todas as alternativas propostas pela empresa para o resgate e transporte dos animais afetados por um eventual vazamento preveem um tempo muito longo para esse socorro e não levam em conta a possibilidade de mudanças abruptas nas condições climáticas na área do bloco 59, que afetariam o tempo e a viabilidade da navegação e dos voos. O parecer lembra que, dadas as especificidades da costa do Oiapoque, que não permitem o atracamento de navios de grande porte, toda a estrutura marítima de suporte às atividades da Petrobras estaria baseada em Belém, a 830 quilômetros do poço – distância percorrida em 43 horas em média por embarcações. Mesmo com lanchas rápidas, o deslocamento da capital paraense até o bloco 59 seria de no mínimo 26 horas.
O parecer assinado por dez técnicos foi endossado pelo coordenador de Licenciamento da Exploração de Petróleo e Gás Offshore (Coexp) do Ibama, Ivan Werneck Sánchez Bassères, e pelo coordenador geral de Licenciamento de Empreendimentos Marinhos e Costeiros (CGMac), Itagyba Alvarenga Neto. Porém, segundo SUMAÚMA apurou, o atual diretor substituto de Licenciamento do Ibama, Régis Fontana Pinto, discordou parcialmente do parecer – Rodrigo Agostinho, o presidente do instituto que assumiu no governo Lula, ainda não nomeou o novo titular desse cargo.
Em despacho enviado a Agostinho, Fontana Pinto diz que as considerações sobre os impactos em terras indígenas e sobre a realização prévia da Avaliação Ambiental de Área Sedimentar (AAAS) não representam condicionantes para a emissão da licença de operação. Em relação às dificuldades logísticas para a implementação bem-sucedida do Plano de Proteção à Fauna (PPAF), ele sugere que a Petrobras tenha a oportunidade de melhorar o projeto e de provar que ele pode ser viável com a realização da Avaliação Pré-Operacional (APO). Essa simulação de acidente chegou a ser pré-marcada para 20 de março, mas acabou não sendo confirmada por causa do tempo necessário para a análise, pelo Ibama, das respostas enviadas pela estatal a suas observações sobre o Plano de Proteção à Fauna e a relação com os povos originários.
Em seu despacho, protocolado no dia 27, o diretor substituto de Licenciamento reconhece o peso de uma decisão que pode levar à abertura de uma nova fronteira petrolífera, mas diz que essa avaliação não cabe ao Ibama, e sim a instâncias superiores que definem a política ambiental e energética do país.
SUMAÚMA buscou contato com o presidente do Ibama, mas até a publicação deste texto ele ainda não havia comentado o parecer técnico do seu instituto nem a opinião de Régis Fontana.
O que diz a Petrobras
Em nota enviada a SUMAÚMA depois da publicação desta reportagem, a Petrobras diz que “aguarda posicionamento do governo” sobre o pedido para verificar a existência ou não de jazida petrolífera no bloco 59, e destaca que o poço em si fica “a uma distância de 175 quilômetros da costa do Amapá e a mais de 500 quilômetros” da foz do rio Amazonas. “A companhia vem conduzindo diligentemente seu processo de licenciamento ambiental, atendendo todas as exigências definidas pelos órgãos ambientais, e reforça que acatará qualquer decisão, seja liberando a perfuração ou optando por aprofundamento de estudos para avaliação da viabilidade de execução de uma campanha na bacia”, informa a estatal.
A companhia diz ainda que só depois da perfuração do poço se confirmará o potencial do ativo, a existência e o perfil de eventual jazida. “Cumprimos todas as exigências e estamos aguardando a decisão do governo. Não queremos atropelo e, ao contrário de algumas notícias veiculadas na imprensa, não há qualquer tipo de pressão da parte da Petrobras. Estamos prontos tecnicamente, esperando o posicionamento oficial sobre a nossa campanha de perfuração na região”, afirma o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, de acordo com a nota.
A empresa apontou que cada bacia da margem equatorial tem características diferentes. “A companhia acredita que a margem equatorial é a nova fronteira para um grande plano energético do Brasil, envolvendo a atividade de exploração e produção e recursos eólicos offshore”, diz o texto. “A Petrobras tem como valor o respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente e continuará executando todas as suas operações seguindo rigorosamente as normas de segurança operacional e as melhores práticas referentes a responsabilidade social e ambiental”, conclui.
