La Policía Federal sigue investigando a los sospechosos y al posible líder; ¡queremos justicia!
La búsqueda del indigenista Bruno Pereira, empleado de la Funai (Fundación Nacional del Indio) con licencia, y del periodista británico Dom Phillips, llegó a su fin en la tarde del martes (15). El crimen ocurrido en la Tierra Indígena de Vale do Javari (AM) fue confesado por Amarildo da Costa Oliveira, conocido como “Pelado”. El sospechoso, que ya fue detenido, presuntamente desmembró, quemó y enterró los cuerpos de las víctimas con la ayuda de su hermano Oseney da Costa de Oliveira, conocido como “Dos Santos”. Sin embargo, la Policía Federal (PF) sigue investigando el caso, con ocho sospechosos y un posible autor intelectual del crimen.
El 17 de junio, la Policía Federal hizo pública una nota a través del comité de crisis en la que afirmaba que “los autores actuaron solos”, lo que provocó críticas dentro de la organización y de la sociedad civil. Queda mucho por investigar, según fuentes de la corporación, como encontrar las armas utilizadas en los crímenes e interrogar a los agentes políticos con los que Pereira se reuniría el día de su desaparición.
Se sospecha que el crimen fue ordenado por quienes se benefician de la pesca ilegal en la región. El Vale do Javari IT tiene un historial de conflictos de los pueblos amazónicos con la minería ilegal, el narcotráfico, el robo de madera y la pesca ilegal. Los testigos también afirman que Pereira había recibido amenazas de muerte en varias ocasiones. El indigenista fue exonerado de la Funai en 2019 tras coordinar una operación contra los garimpos ilegales en T.I. Yanomami, en Roraima, que resultó en la expulsión de cientos de garimpeiros.
La búsqueda de Pereira y Phillips comenzó el día de su desaparición, el 5 de junio, por parte de miembros de Univaja (Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javari). Las autoridades fueron alertadas al día siguiente, pero la lentitud del gobierno brasileño en la movilización de especialistas y equipos como helicópteros fue señalada por entidades como la ONU (Organización de las Naciones Unidas). Participaron la Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas (SSP-AM) y la Policía Federal, el ejército, la marina y un centenar de voluntarios indígenas.
Omisión del Estado
Sólo en el tercer día de búsqueda se reforzaron los buzos y los especialistas en búsqueda en la selva por la política del estado de Amazonas. La Marina también envió un helicóptero, que no se había utilizado antes porque, según la Policía Federal, los dos helicópteros disponibles del Ibama fueron incendiados en febrero por un empresario implicado en la minería ilegal en Roraima.
Una encuesta realizada por Estadão indicó que sólo hay seis agentes de la Fuerza Nacional para el TI Vale do Javari, que abarca 85.000 km², casi el doble del tamaño del estado de Espírito Santo. Este año se han presentado al menos seis solicitudes de refuerzo de la protección de la región, pero, según ha comprobado Folha de São Paulo, se ha abandonado el lugar, dejando los programas de gestión sostenible de los peces pirarucú sólo sobre el papel, lo que ha intensificado la pesca ilegal y los conflictos en la región.
Las respuestas del presidente Bolsonaro al caso -diciendo que el dúo desaparecido estaba en una “aventura”- y la declaración de la Funai culpando a las víctimas de su desaparición, señalan el desprecio de las autoridades brasileñas por la protección de los activistas ambientales, las comunidades tradicionales y la sociedad brasileña en su conjunto.
El vicepresidente, Hamilton Mourão, hizo una declaración señalando que las muertes podrían haber sido ordenadas por un empresario local que “se sentía agraviado”. Mourão también ha dicho que los asesinos podrían haber sido ribereños borrachos. Según la ONG Global Witness, Brasil es el cuarto país del mundo que más activistas medioambientales mata. Esta es la imagen del por qué.
La Justicia Federal de la 1ª Región llegó a ordenar a la Funai que retirara cualquier acusación o discurso despectivo contra Univaja y el activista indígena Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips. La decisión también ordenó que la nota aclaratoria de la entidad sea retirada de los vehículos oficiales y de los medios de comunicación, por contener afirmaciones incompatibles con la realidad, y también ordenó a la Funai el envío de fuerzas de seguridad pública para garantizar la integridad de los trabajadores y pueblos del Valle del Javari.
El día 20, Amarildo se retractó de su declaración y negó haber matado a Pereira y Phillips. El sospechoso afirmó haber arrojado los cuerpos en una parte del bosque, pero no haber participado en la ejecución. El caso está lejos de haber terminado, dado que no se trata de un caso aislado, y mucho menos de poca importancia como quieren hacer ver las opiniones de los principales representantes de la república.
Diez días después del anuncio de que el CNMP (Consejo Nacional del Ministerio Público) seguiría las investigaciones sobre las muertes del activista indígena Bruno Araújo Pereira y del periodista británico Dom Phillips, el grupo de trabajo fue revocado por el Fiscal General de la República, Augusto Aras.
Indígenas y ecologistas han promovido manifestaciones exigiendo justicia para Pereira y Phillips. Se han realizado actos en varias ciudades brasileñas, como Brasilia, Manaos, Sao Paulo, Belo Horizonte y Curitiba, así como manifestaciones internacionales.
La justicia va mucho más allá del encarcelamiento de los asesinos. Al fin y al cabo, ¿a quién le interesa que Pereira y Phillips sean silenciados? ¿Cómo se puede omitir la máquina pública y utilizarla como instrumento para la aniquilación de los trabajadores y activistas medioambientales y de derechos humanos? Sus nombres, su legado, la Tierra Indígena de Vale do Javari y este caso no deben ser olvidados por la sociedad brasileña.
Vea la entrevista con Cacica Ju Kerexu, entre cantos y oraciones, en la manifestación del pasado día 23 en Curitiba. El acto por la vida trata de la lucha indígena y de las muchas pérdidas que se han producido, verdaderas masacres.
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